0

Hemos publicado hoy 2012-05-19 en Twitter:

0

Monitor Legislativo y Transparencia Venezuela continuarán con su trabajo de promoción de vigilancia de las instituciones públicas. Comunicado.

(Caracas, 18.05.12) El 16.05.12, el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara), Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), propuso una investigación sobre las organizaciones Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo. Esta propuesta fue aprobada por la mayoría constituida por los diputados de Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV). En ese contexto se realizaron declaraciones que pretenden descalificar las actividades y financiamiento de estas organizaciones.

Transparencia Venezuela es una organización venezolana establecida conforme a todos los requerimientos legales del ordenamiento jurídico nacional y cumple estrictamente consus obligaciones. Rinde regularmente informes auditados de actividades y financieros a sus asociados, donantes y sociedad venezolana en general. Sus informes y actividades son públicas, se informa regularmente a las personas interesadas y están disponibles en su sitio web.

Monitor Legislativo es una alianza de organizaciones de la sociedad venezolana, profesores universitarios y comunicadores sociales que en reconocimiento de la importancia del PoderLegislativo, trabajamos voluntariamente para facilitar a los ciudadanos la información sobre las actividades de los representantes electos por el pueblo a la Asamblea Nacional y los otros poderes públicos. Monitor Legislativo procura con sus actividades acercar a la sociedad venezolana al parlamento, estrechar el vínculo entre el elector y el elegido. Para ello estimula la rendición de cuentas públicas entre parlamentarios; ofrece información sistematizada de la actividad de la Asamblea Nacional; y promueve la participación activa de la sociedad en el proceso de contraloría social y elaboración de leyes.

Las actividades de Transparencia Venezuela y de Monitor Legislativo comprenden la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Todo ello conforme los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)y los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

Las actividades desplegadas por Monitor Legislativo y Transparencia Venezuela se realizan en el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la CRBV y en los instrumentos internacionales que protegen el trabajo de los defensores/as de derechos humanos. Ello incluye los derechos a la participación; libertad de expresión: asociación; contraloría social de la gestión pública y las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.

Como organizaciones que promovemos la transparencia estamos dispuestos a continuar informando a la sociedad sobre nuestros objetivos institucionales, las actividades que realizamos y el financiamiento que las posibilita.

Estamos en capacidad de responder adecuadamente a los interrogantes que tengan los diputados de la AN, mediante un procedimiento respetuoso, con las debidas garantías de respeto y debido proceso.

Reiteramos que continuaremos con nuestro trabajo de contraloría social y ciudadana, que está asociado a los fines de una mejor calidad de las instituciones democráticas venezolanas, y en el ejercicio de nuestros derechos humanos constitucionalmente reconocidos.

Manifestamos la voluntad irrenunciable de continuar el trabajo en la promoción de la participación y la democracia.

Rechazamos las descalificaciones públicas a nuestra gestión ciudadana y la sombra de duda que se pretende generar sobre la legitimidad y honorabilidad de nuestro trabajo.

————————————-

Sobre este tema hemos publicado:

Comisión de Contraloría de la AN acordó investigar a ONGs Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo

0

Salud: la Contraloría acusa. Artículo de Marino Alvarado

Por segundo año consecutivo la Contraloría General de la República en su Informe de Gestión  refleja importantes irregularidades en los servicios públicos de salud. En particular queremos destacar lo referente a la pérdida de medicinas. Ya en el informe de 2010 la Contraloría  había indicado tres situaciones graves con respecto a la compra, almacenamiento y distribución de las medicinas por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Expresó que se compraron algunas medicinas en cantidades que no se requerían en el país, que no fueron almacenadas de manera adecuada y tuvieron que incinerarse varias toneladas y que la distribución era irregular. En esta oportunidad el organismo contralor vuelve a señalar que se continúan venciendo las medicinas. Es decir, mientras a millones de personas en  los centros de salud el país se le niega medicinas, estas se deterioran en depósitos por negligencia de burócratas que poco les importa la salud del pueblo. Así contribuyen  a agudizar la crisis existente en el sector salud. De no tomarse medidas a tiempo y adecuado se seguirán incinerando toneladas de medicinas que requiere nuestra población.

Pero en el informe 2011 la Contraloría señala dos aspectos más que prueban la indolencia con la que se viene gestionando la salud en el país. Una relacionada al uso y preservación de equipos. La otra relacionada a los trabajos sobre la infraestructura de los hospitales. Indica  que se le entregaron equipos médicos y electromecánicos a los centros de salud, los cuales a pesar de haber transcurrido más de 3 años, aún estaban embalados; otros se encontraban ubicados en las distintas áreas de servicios sin operar por cuanto no se ajustaron a la infraestructura de los mencionados centros de salud; hospitales que disponen de equipos operativos sin darle el uso adecuado, que podrían ser utilizados por otros centros hospitalarios; equipos médicos y electromecánicos dañados y desvalijados sin que los centros de salud cuenten con planes de mantenimiento preventivos y correctivos. A cuántas personas se les niega atención con el argumento que no hay equipos o los mismos están dañados. Y resulta que muchos centros de salud los tienen nuevos pero no los usan o tienen desperfectos y existe indolencia para repararlos.

Finalmente el informe señala que en torno a la rehabilitación,ampliación y modernización de la infraestructura  hospitalaria, se determinó que no hay coordinación entre las autoridades de los hospitales, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH) y el MPPS. Constató irregularidades en la ejecución de las obras y el mantenimiento de la infraestructura. Obras que se iniciaron en los servicios de emergencia, quirófanos y anatomía patológica, no habían sido concluidas.y presentaban atraso en su ejecución de más de 2 años, situación que ha repercutido negativamente en la prestación de los mencionados servicios. Algunas de las reparaciones concluidas ya mostraban signos de deterioro.

0

Boletín 18/05/2012

Entradas recientes

Monitoreo de conflictividad miércoles 17 de mayo 2012

http://conflictove.org.ve  –  Twitter: @conflictove  -  Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/Conflictove/131043603654459  Mail: conflictove@gmail.com

 

0

Comisión de Contraloría de la AN acordó investigar a ONGs Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo

Actualizado el viernes 18 de mayo:

Monitor Legislativo y Transparencia Venezuela continuarán con su trabajo de promoción de vigilancia de las instituciones públicas. Comunicado.

——————————————–

Por supuesto financiamiento desde el exterior

Aseguran que es ilegal que la AN investigue a Transparencia Venezuela

Mercedes De Freitas, directora de la ONG, calificó de incompetente a la Comisión de Contraloría del Parlamento por tomar la decisión de abrir una investigación a Transparencia Venezuela y  Monitor Legislativo que no reciben ni recursos del Estado ni del pueblo. “Somos organizaciones civiles”, afirmó.

ALICIA DE LA ROSA |  EL UNIVERSAL jueves 17 de mayo de 2012  03:19 PM

Caracas.- “Estamos dispuestos a ir a la Asamblea Nacional  para demostrar que somos transparentes”. Así de contundente fue la respuesta de Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela a la decisión del presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, diputado Pedro Carreño, quien informó este miércoles que abrirá una investigación a la organización y a Monitor Legislativo para determinar si están financiadas desde el exterior.
La decisión del Parlamento se debe a los resultados de un estudio  “Ranking de Desempeño Parlamentario” que realizaron ambas organizaciones, donde concluyeron que solo 13% de los 165 miembros principales de la AN cumplió sus responsabilidades en el mes de febrero.
De Freitas dijo que los argumentos que alega el diputado Carreño para iniciar la investigación son ilegales. “Nosotros no somos funcionarios públicos ni recibimos recursos del Estado o del pueblo, somos una sociedad civil”, afirmó.
“En las competencias de la Comisión de Contraloría, reflejadas en el Reglamento de Interior y Debates del Parlamento establece que se le abre investigación a funcionarios públicos sobre recursos públicos, por lo cual es incompetente investigar a Transparencia Venezuela y a Monitor Legislativo”, dijo la directora de ONG, quien aseguró que asistirá a cualquier reunión que le sea convocada por la AN para exponer  “todo lo que hacemos y aclarar de dónde y cómo gastamos el financiamiento que recibimos”.
Aseguró que el tema del financiamiento ha sido discutido por este Gobierno en reiteradas oportunidades con la finalidad de limitar el acceso  de las organizaciones a fondos internacionales.
Este es el primer intento formal de hacer investigación pero nos ampara la Constitución, las convenciones nacionales e internacionales,  las buenas prácticas y el espíritu de todo lo que es democracia, equidad e igualdad, participación y contraloría social”.
“Estamos indignados realmente por ese derecho que se atribuyen los diputados porque nosotros somos una organización que cumplimos con todos los requisitos legales del país y somos miembros de destacadas redes nacionales e internacionales que apoyan nuestra labor”, manifestó.
Asimismo, aclaró  que el trabajo de Transparencia Venezuela es de observación al aparato público. “Hacemos estudios sobre el desempeño de las instituciones públicas para recomendar  y  apoyar al Gobierno nacional, local y municipal en la buena práctica laboral. Nuestro interés es acabar con la corrupción en este país y eso le duele a mucha gente”.
“Nosotros cuidamos nuestro lenguaje a la hora de denunciar, por lo que ningún diputado puede decir que los hemos llamado corrupto o los hemos irrespetado, por el contrario, nuestra objetivo es decir que existen riesgo de corrupción y que hay que mejorar la práctica parlamentaria“, destacó De Freitas.

Fuente: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120517/aseguran-que-es-ilegal-que-la-an-investigue-a-transparencia-venezuela

—————————————–

Comisión de Contraloría investigará a Transparencia Venezuela

El diputado Pedro Carreño dijo que los organismos internacionales que financian a estas ONG están perdiendo su dinero

PRENSA ASAMBLEA NACIONAL | 17 de mayo de 2012

(Caracas, 17-5-2012) La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara), por unanimidad, acordó abrir una investigación sobre el origen de los fondos de las organizaciones Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo.
En este sentido, Carreño dijo que Transparencia Venezuela es un apéndice de Transparencia Internacional, que recibe financiamiento del exterior. “Hemos visto que para justificar ese financiamiento todos los años elabora un informe que es empleado  como un mecanismo de  satanización, de intromisión en los asuntos internos de los pueblos, cuyas políticas no son acordes con las potencias occidentales”.
Ésta, dijo, hace caso omiso cuando se le hacen recomendaciones para buscar la transparencia en el manejo de los fondos públicos, a través de la eliminación de los paraísos fiscales. “Se dice que estos paraísos fiscales están en los países desarrollados donde van a parar los capitales sucios producto del narcotráfico, la corrupción, ellos los blanquean y con ese dinero reactivan su economía, les dan créditos a las transnacionales, a empresas y participan en el mercado mundial”.
Esa Transparencia Internacional elabora un informe recogido de los medios de comunicación contrarios al interés nacional, los medios de la derecha, si recogiera información de todos los medios de comunicación pudiéramos decir que la información es medio objetiva.
Indicó el diputado Carreño que la ONG Monitor Legislativo anda en un trabajo de supervisión y fiscalización de la Asamblea Nacional, “no tenemos inconveniente, que nos supervisen y fiscalicen, pero la Constitución establece que los diputados se deben al pueblo en su conjunto y en esta Revolución se le ha dado poder al pueblo”.
Esa organización considera que debemos mantenerlos informados de nuestra gestión, “nosotros informamos al pueblo, ahora resulta que estos organismos funcionan en Venezuela con una capacidad logística y con financiamiento extraño”.
Agregó que la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación  y la Constitución no permiten financiamientos de esta naturaleza.
“Hemos decidido abrir una investigación, la propuesta fue aprobada por unanimidad, lo que indica que a partir de este momento la Comisión de Contraloría se abocará a investigar el origen del financiamiento”, expresó el parlamentario.
Añadió que Monitor Legislativo tiene como función informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la Asamblea, “nosotros no necesitamos que vengan los organismos internacionales a financiar unas ONG de manera ilegal, ya que contravienen la Constitución y la ley que rige la materia”.
La AN tiene un canal de TV, además está conformada por parlamentarios que tienen representación en todo el país, ellos se vienen a constituir como unos policías nuestros.
Esa ONG también establece que tiene como función hacer más transparente a la AN, ¿quiere decir que no es transparente y que van a recurrir a financiamiento internacional?
Hizo referencia al libro “Las Mentiras de la Ayuda”, de Jorge Orduña, quien refiere que las ONG manejan miles de millones en dinero para trabajar sobre problemas que tienen las sociedades y en la medida que se incrementen los problemas se aumenta el financiamiento; por lo tanto la gran trampa de estas es que  nunca van a trabajar para que se resuelvan los problemas porque de ser así no los financian.
Carreño dijo que los organismos internacionales que financian a estas ONG están perdiendo su dinero, están siendo estafados.
Entretanto, la diputada Deyalitza Aray (PV-Carabobo) propuso que sean citados los representantes de dichas organizaciones, planteamiento que fue aprobado.
La diputada Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar) dijo que  la ONG Monitor Legislativo  es alimentada por Globovisión y los medios que  defienden el capitalismo mundial.
El diputado Erick Mago (PSUV-Sucre) está convencido de que se trata de un plan más de la oposición para tergiversar la información y enlodar a los gobernantes que siguen a Hugo Chávez, ”ese plan es para desestabilizar, por lo que se debe investigar a fondo para qué se está haciendo este tipo de actividades”.

Responde a intereses nacionales e internacionales
El vicepresidente de la comisión, diputado Jesús Montilla, refirió que esto responde a intereses políticos nacionales e internacionales.
Señaló que se está formando un expediente contra Venezuela para hacer ver que es un Estado forajido, calificándolo como ‘narco Estado’ tomando como válidas las declaraciones de personas que están al margen de la ley.
Indicó que estas ONG se prestan para eso, “no se puede permitir que éstas actúen con financiamiento internacional y con un objetivo político claramente establecido”.

Fuente: http://www.monitorlegislativo.net/noticias/858/

—————————————

Carreño acusa a Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo de servir a intereses foráneos

EL UNIVERSAL | 17 de mayo de 2012  PEDRO PABLO PEÑALOZA

La Comisión de Contraloría, a petición de su presidente Pedro Carreño, (PSUV), abrirá una investigación a las ONG Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo, promotoras de la contraloría ciudadana de los poderes públicos. El motivo de la averiguación planteada por Carreño sería determinar el origen del financiamiento de ambas organizaciones.

Carreño no presentó ninguna prueba que sustentara alguna sospecha de irregularidad, pero citó el artículo 67 de la Constitución, aunque el mismo se refiere a las organizaciones con fines políticos (partidos).

Ambas organizaciones han impulsado en los últimos meses una serie de instrumentos técnicos para facilitar la contraloría ciudadana del Poder Legislativo, como el instructivo para la presentación de informes de gestión de los diputados y un baremo para medir el rendimiento parlamentario.

La petición de Carreño fue asignada a la subcomisión de entes descentralizados dirigida por su compañera de partido, Nancy Ascencio. Las notificaciones e inicio formal de la averiguación cursarían a partir de la semana próxima.

El diputado Carlos Ramos (UNT) se opuso a la petición y reconoció el trabajo de Transparencia Venezuela. “Estoy seguro de que, siendo una organización que promueve el uso transparente de los recursos y lucha contra la corrupción, tendrá todas sus cuentas al día”.

Además, pidió que se investigara el manejo parcializado de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, pero su propuesta ni siquiera fue votada. “Estos medios invisibilizan a los diputados de la oposición. Somos 167 diputados y todos tenemos derecho a expresarnos a través de ellos, pero su trabajo es desequilibrado y sesgado. Es inaceptable”, reclamó.

Adicionalmente el diputado Rodolfo Rodríguez (AD) pidió investigar supuestas irregularidades en la compra de medicinas a Cuba, reportadas por la Contraloría General en su informe de 2010, pero no se fijó ninguna interpelación.

Entretanto, en Política Interior se nombró una subcomisión que iniciará una investigación contra las autoridades de la Universidad de Carabobo, por el supuesto allanamiento del que habría sido blanco esa casa de estudios por parte de funcionarios de la policía regional durante disturbios registrados el 16 de abril.

Los parlamentarios solicitarán entrevistarse con la rectora Jessy Divo, los profesores y los estudiantes. Misiones para todos. No todo el pueblo tiene acceso a la Asamblea Nacional, contrario al eslogan que usó el PSUV para promover a sus candidatos a diputados en 2010. Así quedó demostrado una vez más ayer, cuando parlamentarios de oposición, acompañados de un millar de militantes de varios partidos, solicitaron entrar al palacio para consignar el Proyecto de Ley de Misiones para Todos por Igual.

Un cordón de la GN los obligó a mantenerse en la avenida Universidad, a la altura de la esquina de San Francisco, y sólo permitieron el acceso a los parlamentarios. Además, activistas del chavismo interfirieron con la actividad a través de gritos y empujones. Una asistente parlamentaria y un camarógrafo de Ávila TV habrían resultado lesionados en la confusión.

“Con esa exclusión es con la que queremos acabar, para que todos tengan los mismos derechos y el mismo trato. Haremos presión para que la ley se discuta. La próxima sesión debería notificarse a la directiva y remitir las firmas al CNE para su validación. Invitamos al PSUV a aprobar esta ley juntos”, dijo Julio Borges (PJ).

El instrumento, con el respaldo de 200.000 firmas, consta de 19 artículos. Se reconoce a los trabajadores de las misiones el derecho a gozar de todos los beneficios establecidos en la LOT.

Fuente: http://www.monitorlegislativo.net/noticias/857/

——————————————————

AN investigará a ONG que hacen contraloría a los poderes públicos

Pedro Carreño (PSUV) solicitó que se indague fuentes de financiamiento de Transparencia Venezuela y Monitor Legisltivo

EL NACIONAL | 17 de mayo de 2012  MARU MORALES

La Comisión de Contraloría, a petición de su presidente Pedro Carreño, (PSUV), abrirá una investigación a las ONG Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo, promotoras de la contraloría ciudadana de los poderes públicos. El motivo de la averiguación planteada por Carreño sería determinar el origen del financiamiento de ambas organizaciones.
Carreño no presentó ninguna prueba que sustentara alguna sospecha de irregularidad, pero citó el artículo 67 de la Constitución, aunque el mismo se refiere a las organizaciones con fines políticos (partidos).
Ambas organizaciones han impulsado en los últimos meses una serie de instrumentos técnicos para facilitar la contraloría ciudadana del Poder Legislativo, como el instructivo para la presentación de informes de gestión de los diputados y un baremo para medir el rendimiento parlamentario.
La petición de Carreño fue asignada a la subcomisión de entes descentralizados dirigida por su compañera de partido, Nancy Ascencio. Las notificaciones e inicio formal de la averiguación cursarían a partir de la semana próxima.
El diputado Carlos Ramos (UNT) se opuso a la petición y reconoció el trabajo de Transparencia Venezuela. “Estoy seguro de que, siendo una organización que promueve el uso transparente de los recursos y lucha contra la corrupción, tendrá todas sus cuentas al día”.
Además, pidió que se investigara el manejo parcializado de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, pero su propuesta ni siquiera fue votada. “Estos medios invisibilizan a los diputados de la oposición. Somos 167 diputados y todos tenemos derecho a expresarnos a través de ellos, pero su trabajo es desequilibrado y sesgado. Es inaceptable”, reclamó.
Adicionalmente el diputado Rodolfo Rodríguez (AD) pidió investigar supuestas irregularidades en la compra de medicinas a Cuba, reportadas por la Contraloría General en su informe de 2010, pero no se fijó ninguna interpelación.
Entretanto, en Política Interior se nombró una subcomisión que iniciará una investigación contra las autoridades de la Universidad de Carabobo, por el supuesto allanamiento del que habría sido blanco esa casa de estudios por parte de funcionarios de la policía regional durante disturbios registrados el 16 de abril.
Los parlamentarios solicitarán entrevistarse con la rectora Jessy Divo, los profesores y los estudiantes. Misiones para todos. No todo el pueblo tiene acceso a la Asamblea Nacional, contrario al eslogan que usó el PSUV para promover a sus candidatos a diputados en 2010. Así quedó demostrado una vez más ayer, cuando parlamentarios de oposición, acompañados de un millar de militantes de varios partidos, solicitaron entrar al palacio para consignar el Proyecto de Ley de Misiones para Todos por Igual.
Un cordón de la GN los obligó a mantenerse en la avenida Universidad, a la altura de la esquina de San Francisco, y sólo permitieron el acceso a los parlamentarios. Además, activistas del chavismo interfirieron con la actividad a través de gritos y empujones. Una asistente parlamentaria y un camarógrafo de Ávila TV habrían resultado lesionados en la confusión.
“Con esa exclusión es con la que queremos acabar, para que todos tengan los mismos derechos y el mismo trato. Haremos presión para que la ley se discuta. La próxima sesión debería notificarse a la directiva y remitir las firmas al CNE para su validación. Invitamos al PSUV a aprobar esta ley juntos”, dijo Julio Borges (PJ).
El instrumento, con el respaldo de 200.000 firmas, consta de 19 artículos. Se reconoce a los trabajadores de las misiones el derecho a gozar de todos los beneficios establecidos en la LOT.

Fuente: http://www.monitorlegislativo.net/noticias/856/

0

FADESS acusa de “excluyente” sistema de remuneraciones publicado en decreto 8.980

Caracas 17/05/12. (PS).- El Frente autónomo en defensa del empleo, el salario y el sindicato, FADESS, señaló este jueves en rueda de prensa que el sistema de remuneraciones de las funcionarias y funcionarios de la administración pública nacional que aparece en la Gaceta nacional número 39.922 del pasado 15 de mayo, bajo el decreto 8.980 es “excluyente” y además “Es una clara discriminación a los trabajadores del Estado venezolano”.

Así lo expresó Marlene Sifontes, dirigente sindical y miembro de esta organización, quien considera que lo que quedó plasmado en esta tabla salarial, “No es un aumento real, justo y equitativo. Vimos como al sector militar se le dio un aumento salarial del 90 por ciento a todo nivel, mientras que a los trabajadores públicos se les dio incrementos que van del 9 al 11 por ciento, de acuerdo a la clasificación que le corresponda, sobre la base de lo que aparece en el mencionado decreto”.

“Este aumento atenta contra la progresividad de los derechos laborales. El decreto no dice de donde saldrán los recursos para pagarle a los empleados de la administración pública, lo que crea un enorme problema tanto a los trabajadores como a las alcaldías y gobernaciones. Por otro lado, quedan por fuera quienes hacen asesorías y tampoco se aclara como se le pagará al personal contratado, porque solo se beneficiarán el personal de carrera y los obreros con cargo fijo”, apuntó.

Invitó a los trabajadores y sindicatos a activarse y a leer en detalle el contenido del decreto 8.980. “Tenemos que generar los mecanismos de presión para que el gobierno aclare todas las incertidumbres que surgen con este nuevo sistema de remuneraciones, donde un profesional podrá obtener un sueldo máximo de 5.047 bolívares impuesto de forma unilateral por el Gobierno. Antes, obteníamos los beneficios con la discusión de contrataciones colectivas, ahora ya no discuten nada sino que nos imponen todo a dedo”.

“Cuando vemos la escala, se aprecia con claridad que las brechas entre sueldos se acortan buscando aplanarnos a todos hacia abajo, con unos ingresos cada día más disminuidos”, sentenció.

Destacó, “Los únicos que salen favorecidos con este decreto son los de más bajo nivel porque obtienen un aumento sustancial. Esto no es equitativo porque la misma proporción no se traslada a los otros niveles de la escala de sueldos, que anteriormente era de 32 pasos y ahora fue reducida a 8 pasos. Esto deteriora sin lugar a dudas el sueldo del trabajador”.

Concluyó diciendo, “Los trabajadores tienen que estar claros que es lo que representa este decreto, en que los afecta y como se dio este aumento. Allí está la fuerza del trabajador, algo que es vital para dar la lucha en la calle y ejercer acciones legales ante una cantidad de beneficios que han sido vulnerados”.

Etiquetas: , ,
0

Amnistia Internacional ante el posible retiro de Venezuela del Sistema Interamericano de DDHH

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AMR 53/003/2012 – 17 de Mayo de 2012

Debate en Venezuela pone en riesgo la protección de los derechos humanos

Amnistía Internacional expresa su preocupación ante declaraciones del Ejecutivo y el apoyo de la Asamblea Nacional de Venezuela en favor de un posible retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Una decisión de ese tipo, que implicaría la salida de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es sumamente grave,” dijo Guadalupe Marengo, Directora-Adjunta del Programa para América.

Un retiro de Venezuela del Sistema Interamericano implicaría negar a los y las venezolanas una importante instancia de justicia, e iría claramente en contra de la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 31 afirma que “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.

Una de las razones por las cuales los Estados crearon el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue para garantizar a su población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no habían obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia internos, precisamente porque se reconoce que existen retos en garantizar los mismos a nivel interno.

En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de los órganos que lo componen – la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos – es un necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los años miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del Sistema Interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno. Sobretodo, el mecanismo de medidas cautelares y provisionales ha salvado numerosas vidas que corrían peligro por algún riesgo inminente.

A finales de los años 70 el Sistema Interamericano se destacó, entre otros, por su trabajo sobre los miles de desaparecidos en el Cono Sur. Hoy se ocupa de una amplia gama de casos, desde la situación de personas en privación de libertad hasta el derecho a la educación en toda la región. Por ejemplo, el Sistema Interamericano se ha pronunciado sobre la necesidad de que EEUU establezca un tribunal competente que determine el status en el que se encuentran los detenidos de Guantánamo, y ordenó a la República Dominicana que garantice el acceso a la educación primaria y gratuita a todos los niños en relación al caso de dos niñas de descendencia haitiana. En este sentido vale resaltar que todos los Estados miembros de la Organización del los Estados Americanos han sido objeto de peticiones ante el Sistema Interamericano.

Del 2004 al 2009, la Comisión Interamericana recibió más de 7,500 peticiones por derechos individuales y colectivos. Además de permitir que estas víctimas accedan a la justicia, es importante notar que las decisiones del Sistema Interamericano también llevan a cambios estructurales que han garantizado los derechos de millones de personas en los países de la región.

Maria da Penha – una mujer brasileña que quedó paralizada por abuso de su marido – pasó años buscando justicia en corte brasileñas sin respuesta, lo que la motivó para llevar su caso ante el Sistema. En 2006, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, Brasil promulgó una ley clave contra la violencia domestica y lanzó un plan nacional para enfrentar la violencia contra la mujer. Asimismo, el esposo de Maria finalmente fue llevado a justicia y ella recibió reparación.

“El escrutinio internacional por mecanismos regionales e internacionales conlleva desafíos para los estados involucrados, pero contar con órganos con la trayectoria histórica del Sistema Interamericano es esencial para garantizar los derechos humanos de todos los pueblos en el continente Americano. Confiamos que la República Bolivariana de Venezuela decida asegurar a ésta y futuras generaciones de venezolanos/as el acceso a un mecanismo que ha demostrado durante décadas su fundamental importancia en garantizar los derechos humanos de todos y todas, en especial los y las más vulnerables” dijo Guadalupe Marengo.

0

Boletín 17/05/2012

Destacamos:
Entradas recientes

Monitoreo de conflictividad miércoles 16 de mayo 2012

http://conflictove.org.ve  –  Twitter: @conflictove  -  Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/Conflictove/131043603654459  Mail: conflictove@gmail.com

0

Unión Afirmativa de Venezuela exige reconocimiento de los derechos de los homosexuales. Reportaje de Sarai Coscojuela Ojeda

Introdujeron un recurso de interpretación en el 2003 para establecer los derechos de las personas homosexuales

Junto a la Red LGTBI de Venezuela, realizaron una propuesta de ley que fue presentada en la Asamblea Nacional

En Venezuela solo se conoce un caso de denuncia por despido injustificado por condición sexual, pero la gente prefiere no denunciar por miedo “al escarnio público y por la desconfianza que se le tiene a los organismos del Estado venezolano”, rememora José Ramón Merentes, representante de UNAF.
Unión Afirmativa de Venezuela inició en el año 2000 “con el objeto de difundir y promover el cumplimiento en Venezuela de los estándares internacionales de derechos humanos que protegen a las personas frente a la discriminación por orientación sexual”, indicMerentes.
En el año 2003 introdujeron un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional “para definir cuáles eran los derechos que se les reconocían según la Constitución a las personas homosexuales en Venezuela”. La respuesta establecía que los individuos estaban protegidos contra la discriminación sexual. UNAF también había “preguntado sobre la obligación del Estado venezolano de reconocer el derecho a casarse o el derecho a la protección legal de las parejas del mismo sexo”, la Sala Constitucional respondió que la Carta Magna no obliga a proteger legalmente a las parejas del mismo sexo, pero que sí es posible, “es decir, tampoco es que la Constitución prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Lograron también que en el último censo se incluyera contar a las parejas del mismo sexo. “Todavía no nos han dado la información de cuántas parejas hay en el país”, Merentes refiere que algunas personas que trabajan en el censo le indicaron que “esa información no la iban a hacer pública porque el tema era muy sensible, y no se trata de decir quiénes viven en pareja, sino dar una cantidad general de cuántas parejas del mismo sexo se censaron”.
La función principal de UNAF es la de cabildeo “frente a la Asamblea Nacional”. Trabajan con otras organizaciones que forman parte de la red LGBTI, las cuales hicieron una propuesta de ley: “en la AN el 28 de febrero de este año, fuimos recibidos por la junta directiva en pleno pero hasta ahora no se ha hecho nada”.
En esta propuesta se pide la reforma de varios artículos de la Ley de Registro Civil, “para que las parejas del mismo sexo se puedan registrar, además de aquellos que se casaron en el extranjero, y también permitirle a las personas transgéneros que puedan elegir su nombre legalmente”.
Merentes señala que las parejas homosexuales solo pueden adoptar de forma individual: “entonces tu pareja no tiene nada que ver legalmente con esa persona que tú estás adoptando”. Indica además que en 2008, la Asamblea Nacional, “la cual era roja rojita, modificó el artículo 412 para limitar la posibilidad de adoptar conjuntamente a las parejas heterosexuales”.
Para el representante de UNAF, Venezuela se encuentra rezagada en este tipo de legislación, “no entendemos porqué este país donde hay un gobierno supuestamente revolucionario, está tan atrasado con respecto a más de 30 países que han legislado sobre estos derechos”. Recuerda que antes de 1998 “Venezuela fue pionera en reconocimiento de la identidad de género. Hemos ido hacia atrás”.

0

AFP: Familiares y vecinos, los nuevos presos en crisis carcelaria venezolana

Encerrados con temor en sus viviendas o durmiendo en la calle: vecinos de un penal en Caracas y familiares de los reos que se resisten con armas a desalojarlo son los otros presos en una crisis que pone en jaque el plan oficial de reformar el sistema carcelario.

Bajo un puente frente a la cárcel de La Planta -incrustada en una zona residencial del centro caraqueño-, carpas, cartones o bolsas sirven de refugio a las madres, esposas y hermanas de los reclusos que esperan un desenlace a los episodios violentos que ya han dejado un muerto y varios heridos en 22 días.

“Nosotras también parecemos presas”, afirma angustiada y exhausta Sandra Jara, madre de un joven recluso acusado de homicidio, evocando el hacinamiento y las paupérrimas condiciones sanitarias en las prisiones venezolanas.

Fuertemente armados, los reos se atrincheraron en el interior de La Planta para rechazar la decisión de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, de clausurar el recinto por no hallarse en condiciones y trasladarlos a otras cárceles.

En un video colgado en internet, los presos solicitaron a la ministra autorizar las visitas de sus familiares y la liberación de los reclusos que hayan cumplido su sentencia como condiciones para entregarse.

Durmiendo hasta siete en una carpa de tres, aseándose en los baños de unas canchas deportivas, estas mujeres son además víctimas de los gases lacrimógenos que dispersan los militares para controlar cualquier brote violento en el exterior o interior del penal, de donde también se fugaron varios presos.

“Hemos vivido en zozobra, llorando”, asegura Yenca Gifo, que perdió un embarazo por efecto de las bombas lacrimógenas.

Hace una semana, un tiroteo entre los presos y las autoridades carcelarias, recurrentes desde el principio de la crisis, se cobró una muerte inusual: Henry Molina, de 48 años, se desplomó al recibir un disparo en la cabeza cuando veía la televisión en su apartamento, a 300 metros de la cárcel.

Desde entonces los edificios aledaños al retén también viven en alerta.

“Estamos trancados porque (la Guardia Nacional) no nos deja pasar y las bombas lacrimógenas entran en los apartamentos”, lamenta Elías Tejada, vecino de la zona, donde se suspendieron las clases en los colegios y se cerraron los accesos a las calles colindantes.

Cruz de Blondell, una maestra jubilada que vive dos pisos más arriba del apartamento de Molina, aún no asimila que dos balas rompieran su tranquilidad al impactar contra los cristales de sus ventanas.

“Voy al banco y hago mis compras, pero a raíz de esto uno está más encerrado acá, no puedo andar libremente”, señala a la AFP.

La ministra Varela asegura que las negociaciones se mantienen y rechaza un asalto a la prisión, lo que recuerda la operación dirigida a controlar la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, en junio de 2011, que dejó un saldo de 25 muertos y varios presos fugados.

Desde entonces, el presidente Hugo Chávez creó el nuevo ministerio y designó a Varela para reformar las prisiones.

Pero la ministra no pudo evitar que ese año cerrara con 560 reos asesinados y 1.457 heridos, “las cifras más altas en toda la historia de Venezuela”, según Carlos Nieto, director de la ONG Una ventana a la libertad, que promueve la mejora de la situación carcelaria.

El hacinamiento –que se sitúa en 350%, con una población carcelaria de 47.500 reclusos pero sólo 14.500 plazas–, el ingreso continuo de armas y la ausencia de actividades ocupacionales representan el caldo de cultivo para la violencia en las cárceles e impiden la rehabilitación de los reos.

Para el criminólogo Fermín Mármol García, las prisiones venezolanas representan “micro-Estados”, donde en algunos casos los reos están al mando “con un sistema de gobierno paralelo”, que les permite manejar la entrada de armas.

A las afueras de La Planta, los militares ordenaron reproducir música cristiana y organizar sesiones de rezos y plegarias con pastores evangélicos, a las que -aseguran- asisten la mayoría de los familiares.

“Estamos creyendo y confiando en Dios que haga el milagro para que esto se solucione”, relata el sargento primero encargado de la música.

Fuente: http://www.lanacion.com.ve/nacional/afp-familiares-y-vecinos-los-nuevos-presos-en-crisis-carcelaria-venezolana/

Página 1 de 16712345...102030...Última »